Salud Mental atiende por la morgue (Segunda Parte)

Por: Lic. Rodolfo Florido

Dejamos pasar unos días y nuestros lectores nos cuentan que en todo pueblo hay casos como los de Bariloche. De todos los casos que nos comentaron uno nos llamó la atención porque no era de lo que conocimos como casos más convencionales. Un paciente de Salud Mental del Hospital Público de El Bolsón estaba supuestamente internado, deambulaba por el Hospital. ¿Su Patología? Era, es, para ser más preciso, es, un violador compulsivo.

En esta última situación quiso violar a una paciente común hospitalizada para una cirugía programada. Gracias a Dios la paciente se despertó a tiempo y vio al paciente mental desnudo totalmente y empezó a gritar. La ayuda llegó y el enfermo mental pudo ser reducido ¿Dónde estará hoy? No lo sé, nadie quiere hablar mucho de esto. ¿Qué destino puede esperarse? El mismo que sucedió hasta ahora, nuevas violaciones. ¿Por qué? Porque es inimputable por su condición de paciente de salud mental pero no puede quedar detenido años en algún pabellón donde no abuse de otros internos, internas o pacientes. https://www.diariojornada.com.ar/241213/policiales/El_Bolson_denuncian_un_intento_de_abuso_en_el_hospital

Pero el hastío, las muertes, los suicidios, los asesinatos o las violaciones, sumado al extremo temor de las familias a tener que convivir con pacientes mentales siempre al borde de la desgracia, parecen haber encontrado una ruta hacia una búsqueda de una salida. El GAPEM (Grupo de Allegados a Personas con Enfermedades Mentales) presentó una denuncia en el fuero penal contra las autoridades, médicos y profesionales de Salud Mental del Hospital Zonal de Bariloche y por ende el más grande y complejo de toda la Comarca Andina.

“La Provincia desconoce como válido todo medio terapéutico, cualquiera fuere su naturaleza, destinado exclusivamente a obtener la estabilización, claustración o reclusión de las personas como fin en sí mismo, desvinculado del propósito social contenido en esta Ley”, dice en una parte del texto

Uno de los miembros del GAPEM me dice que “ellos”(por la Justicia) suelen decir que “la ley no les permite hacer otra cosa”. Demostramos que eso no es así: “es cierto que la ley en mala, de hecho es horrible, tan cierto como que ellos deciden ignorar los párrafos por los cuales deberían estar obligados a tratarlos y no lo hacen. ¿La ley es mala?: Si / ¿La cumplen?: No, porque aun la ley actual los obliga a no reiterar alternativas ineficaces.”

Lo cierto es que esa implícita ley de Omertá (silencio y ocultamiento entre miembros de Salud Mental) se quebró. Ahora un psiquiatra que fue jefe de salud mental años atrás en Bariloche, “esta tan enojado con la política de salud mental que ¡firmo la denuncia con nosotros! El dice que “abre la computadora y muestra todo lo que tiene”. Solo esperamos que no aparezca flotando en el lago.”

¿Por qué? Porque no son solamente cuestiones de legislación la que están en juego. Una sospecha flota en el aire. ¿Será el destino de los psicofármacos del Hospital los pacientes mentales, o estos serán una excusa para que encuentren un camino económico distinto?… “no somos familiares dolidos por una “situación multicausal que interpela a todos los estamentos de la sociedad como una realidad que supera los paradigmas de realidades anteriores, son igual que Fidel Pintos, pero con batas blancas y estetoscopios colgados al cuello. Todo es muy patético”. Los familiares me advierten, no des nombres porque la Ley prohíbe dar los nombres de los pacientes mentales. O sea, se puede dar el nombre de las víctimas pero no del victimario y mucho menos una imagen. O sea, si te lo cruzás en la calle, encomiéndense a Dios, porque su nombre saldrá en todos los diarios pero el de su homicida y su rostro está custodiado.

¿Que un Médico psiquiatra sería incapaz de conductas ilegales? Recuerden Bahía Blanca Febrero 2025 los tres psiquiatras que vendían por 80 mil pesos certificados falsos de salud mental a trabajadores

Son cámaras ocultas en la que los médicos no se sorprenden ante el pedido de supuestos pacientes. Los empleados los solicitaban para lograr licencias laborales

Las cámaras ocultas con los psiquiatras involucrados en los certificados falsos Un joven al que no se le ve la cara consulta a un psiquiatra en un consultorio de Bahía Blanca. Necesita un mes de licencia en el bingo de la ciudad para probar suerte en otro trabajo. El médico le explica que puede hacerle el certificado por depresión. “El que va a tener el problema si te descubren sos vos – dice el doctor-. Te rajan del laburo”. Otro doctor va más allá y en la cámara hace la conexión del paciente con un abogado “para completar bien los papeles”. En la tercera cámara oculta, una psiquiatra emite el certificado en apenas 15 minutos. “Le vamos a poner stress laboralhttps://www.infobae.com/sociedad/2025/02/07/escandalo-en-bahia-blanca-los-tres-psiquiatras-que-vendian-por-80-mil-pesos-certificados-falsos-de-salud-mental-a-trabajadores . No te preocupes no lo van a controlar, ni nada”. Enseguida, hace que el paciente pida un turno para el mes siguiente, para seguir con las licencias falsas.

Para esto si hay Justicia y nombres para los verdaderos pacientes mentales, sus familias y sus victimashttps://www.infobae.com/sociedad/2025/02/07/escandalo-en-bahia-blanca-los-tres-psiquiatras-que-vendian-por-80-mil-pesos-certificados-falsos-de-salud-mental-a-trabajadores… NO.

Finalmente que dice la Denuncia Penal  del GAPEM en sus partes principales

DENUNCIA PENAL

SEÑOR/A FISCAL:

GAPEM (Grupo de Allegados a Personas con Enfermedades Mentales), con

domicilio en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en su carácter de organización

no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos de las personas con

padecimientos mentales y el apoyo a sus familiares y allegados, se presenta ante

su despacho a los efectos de formular denuncia penal por la presunta comisión de

delitos precedentes de omisión sistemática de auxilio y abandono de persona, lo

que ha resultado en consecuencias fatales, con la muerte de Carlos Aburto

Cárdenas, paciente del Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche y su Servicio de

Salud Mental, y el homicidio de Silvia Martín, perpetrado por………., otro paciente del mismo servicio, cuyos deterioros graves de salud mental no fueron tratados con las alternativas terapéuticas adecuadas.

GAPEM, así como otros, han denunciado con anterioridad estos hechos y situaciones similares ante los servicios del Hospital y el Órgano de Revisión de

Salud Mental de la provincia de Río Negro, sin que hubiera un accionar efectivo que corrigiera los actos reprochados. La falta de intervención adecuada de este

organismo en su responsabilidad de control y supervisión contribuyó a que, finalmente, se produjeran los dos decesos aquí denunciados,generado un perjuicio irreparable a las víctimas y un impacto significativo en la sociedad, al exponer a la comunidad a riesgos evitables derivados de la falta de atención adecuada en salud mental. La omisión en la adopción de medidas correctivas por parte del Órgano de Revisión de Salud Mental refuerza la existencia de una cadena de responsabilidades que debe ser debidamente investigada.

Dado que la omisión de asistencia en estos casos es un elemento central en la

cadena causal de los hechos, se solicita que la fiscalía investigue la responsabilidad penal de los funcionarios a cargo y determine si corresponde formular imputaciones en base a la normativa vigente.

I. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS

Conforme surge de los hechos que con anterioridad describimos a la fiscalía,

información con la que contamos en GAPEM, a la vez que información reciente que nos fue facilitada por el Médico Psiquiatra Dr. Juan Pablo Rendo, en reiteradas oportunidades, en el ámbito del Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche y su Servicio de Salud Mental, los jefes de servicio y directores del área de salud mental han denegado alternativas terapéuticas debidamente prescritas por la ciencia médica para pacientes con padecimientos mentales. También sabemos que habría reclamos y denuncias al Órgano de Revisión de Salud Mental de Río Negro por estos hechos, o hechos similares, y este no habría sido efectivo en actuar para corregir el accionar cuestionado. Dichas negativas no solo han privado a los pacientes del acceso a tratamientos esenciales, sino que ha derivado en dos consecuencias de extrema gravedad:

1. Silvia Martín: asesinada por………, paciente en grave deterioro de salud mental, hecho que podría haberse evitado si los responsables del área de salud mental hubieran implementado las alternativas terapéuticas adecuadas en su tratamiento.

2. Carlos Aburto Cárdenas: paciente en un cuadro de grave deterioro de salud

mental, falleció por ahogamiento en el lago Nahuel Huapi, luego de haber sido privado de los tratamientos adecuados que hubieran brindado elementos para prevenir su desenlace trágico.

Estos hechos ponen en evidencia graves falencias en la provisión de servicios de

salud mental, una omisión deliberada y sistemática de asistencia por parte de los

responsables jerárquicos del área, y una omisión deliberada y sistemática por parte del Órgano de Revisión de Salud Mental de Río Negro, lo que amerita una

investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades penales

correspondientes.

Y luego la denuncia sigue con sus fundamentos legales. Se la ve muy solida, veremos ahora si la Justicia Rionegrina está a la altura de la respuesta o tendremos que seguir enterrando inocentes o tratando a víctimas de violaciones o incluso enterrando familiares como fue el caso de las llamadas “hermanas satánicas”, esquizofrénicas que asesinaron a sus padres y debieron haber estado internadas https://www.infobae.com/sociedad/2022/09/09/las-hermanas-satanicas-el-carnicero-de-giles-y-otros-parricidios-macabros-de-la-historia-criminal-argentina

Es por esto que la acción Judicial es tan importante en su atención como en su desarrollo y las imputaciones son graves y así dicen:

“En base a los hechos expuestos y a la normativa aplicable, se solicita que se

Investigue la posible comisión de los siguientes delitos por parte de los jefes recientes del área del servicio de salud mental del Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche, director del Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche, y personal

ejecutivo del órgano de Revisión de Río Negro:

1. Abandono de persona seguido de muerte (artículo 106 del Código Penal

de la Nación): aplicable a los funcionarios que, teniendo la obligación de asistir a los pacientes, omitieron brindarles la atención médica necesaria,

resultando en su fallecimiento.

2. Incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del

Código Penal de la Nación): aplicable a los responsables de los servicios

de salud que no garantizaron el acceso a los tratamientos indicados, así

como el personal ejecutivo del Órgano de Revisión de Salud Mental.

3. Violación de la Ley de Ética Pública (Ley N° 25.188): dado que los

funcionarios actuaron en contravención a su deber de garantizar el acceso a

servicios esenciales.

4. Coacción (artículo 149 bis del Código Penal de la Nación): aplicable en caso de que se determine que los jefes de servicio, dirección del hospital, o

el Órgano de Revisión de Salud Mental, ejercieron presión o amenazas sobre

otros profesionales para impedirles aplicar tratamientos más adecuados.

5. Otros delitos que puedan surgir en el marco de la investigación, en función de las pruebas que se obtengan.

¿SERÁ JUSTICIA?