Persecución política en Santa Cruz: Alicia Kirchner no quiere que el tribunal de cuentas controle
En busca de impunidad, pidieron separar de su cargo a la única vocal radical que denuncia la corrupción kirchnerista
La fiscalía de Estado del gobierno de Santa Cruz quiere apartar del Tribunal de Cuentas a la única vocal que representa a la minoría política. Se trata de la abogada Yanina Gribaudo, de la UCR. Las funcionarias que responden a la gobernadora Alicia Kirchner la acusan de tener una activa participación política opositora.
El problema que ven desde la gobernación kirchnerista es que desde que llegó a su cargo en 2020, Gribaudo hizo más de 200 pedidos de informes a los organismos públicos por irregularidades en contrataciones, compras, obras y otros gastos del Estado provincial. Con esto expuso los actos de corrupción en el gobierno de Santa Cruz , una de las pocas provincias en las que el Tribunal de Cuentas -que es el organismo oficial que debe controlar las cuentas públicas-, está manejado por el propio oficialismo al que tiene que controlar
Las vocales designadas por el ejecutivo provincial sostienen que hay “una incompatibilidad manifiesta” entre el cargo que ocupa Gribaudo y su actividad política. Y acompañaron el pedido de desplazamiento con capturas del Facebook personal de la abogada radical, en las que se la ve junto al precandidato presidencial Gerardo Morales y al senador Eduardo Costa. Una clara persecución política que, según Gribaudo, sólo busca la impunidad.
Incluso la abogada tiene el apoyo de los fallos de la propia Justicia Federal, que avala que un vocal en el ejercicio del cargo de la minoría pueda participar políticamente incluso en cargos electivos.
“El kirchnerismo busca impunidad pidiendo mi apartamiento en el Tribunal de Cuentas. Con esta maniobra no solo quieren frenar cualquier tipo de control actual y futuro sino que buscan enterrar el pasado”, dice Gribaudo. “Persiguen a quienes investigan y controlan”, continúa. Y explica que el fin último de la gobernadora Alicia Kirchner es que no se investigue el traspaso de fondos de obra pública que hizo el gobierno de Cristina Kirchner a Vialidad provincial en 2012, algo que debería haber sido controlado por el Tribunal con una auditoría que ese año quedó sorpresivamente suspendida.
