La dramática situación de los acompañantes terapéuticos en Argentina: “somos indigentes y no tenemos ley que nos ampare”

Los acompañantes terapéuticos son personas claves en la vida de adultos y chicos con alguna discapacidad. Ellos los ayudan a socializar, mantenerse insertados en el mundo. Pero además de desarrollar sus tareas en casas particulares, estos profesionales también trabajan en escuelas, en procesos de externación de hospitales, en centros de salud mental, en centros comunitarios, en espacios de contención por violencia de género, en espacios de contención para personas con adicciones, en maternidades y en ámbitos judiciales. Y su actividad no está regulada.
En 2023 el proyecto de ley que establecía el marco legal para llevar adelante esta profesión tuvo media sanción en Diputados, pero después permaneció cajoneado durante un año y medio en el Senado hasta que perdió estado parlamentario. Con la llegada del nuevo Gobierno, quedaron totalmente desprotegidos.
Se trata de profesionales que ayudan a restablecer algo tan esencial como la autonomía de las personas. Sin embargo, muchas veces ni siquiera figuran en las nóminas de las obras sociales. “No estamos en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad, no estamos en el plan médico obligatorio. No existimos en ninguna parte”, resume Carolina, que trabaja hace años como acompañante terapéutica sometida a las arbitrariedades de un sistema que directamente los explota. “Los que le facturan a una obra social se someten a que sea la obra social la que ponga los valores de las horas de trabajo, cuando se supone que el honorario lo debe poner el profesional”, explica. Y agrega: “siempre los bajan el precio. Por ejemplo, si la hora sale 7 mil pesos, la obra social te paga 5 mil”.
Carolina relata lo dramático de la situación salarial de su rubro. “Nuestros honorarios desde el mes de diciembre son de 307 mil pesos mensuales por un módulo de 4 horas. Ni siquiera trabajando dos módulos nos alcanza para cubrir la canasta básica. Somos directamente indigentes. Casi todos tenemos otro trabajo, otro ingreso como limpiar casas, vender ropa o productos que nos ayuden a sumar algo más de dinero”, grafica.
Al no estar regulados, están atados de pies y manos y no pueden pedir mejoras salariales porque detrás de ellos hay más profesionales sin trabajo que aceptan trabajar por honorarios magros.
En cuanto a las instituciones, la situación empeora: “Hay escuelas, y sobre todo en provincia de Bs As, que te condicionan y te dicen que para poder entrar a trabajar tenés que pertenecer a un centro interdisciplinario y dentro de lo posible, categorizado. Estos centros pertenecen a un sistema de inclusión escolar que nos hace facturar como maestros de apoyo, cosa que no somos porque no somos docentes. Entonces el centro nos hace facturar un importe y después ellos le facturan a la obra social otro importe. Obviamente terminamos cobrando casi 200 mil pesos menos”, se lamenta Carolina.
Pese a las protestas del sector y a que estos profesionales parecen ser cada vez más necesarios dada la expansión de los problemas de salud mental y adicciones en la población, desde el Gobierno no se hacen eco de los reclamos. “Nos subestiman. Nadie sabe la importancia del rol del acompañante terapéutico en la vida de una persona con discapacidad, en un adulto mayor con demencia senil o alzehimer, en personas con adicciones o en los chicos que deben ir a escuelas que se dicen inclusivas y en la práctica no lo son”, resume Carolina, que ya no sabe qué puerta tocar para visibilizar lo acuciante de su situación y la de sus pares.