El Gobierno disolvió Vialidad y buscará privatizar rutas
“La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada”. Con estas palabras, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno disolvió a través de un decreto la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Dirección Nacional de Vialidad. Según el funcionario, el organismo “se inventó para simplificar la corrupción” y por eso será cerrado definitivamente. Además anunció que abrirán la licitación de 9120 kilómetros de rutas.
Con estos cambios el Gobierno buscará reducir costos, achicar estructuras y centralizar las competencias de los organismos disueltos. Todo quedará bajo la órbita del Ministerio de Economía.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte también sufrirá modificaciones: pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y será la encargada de fiscalizar las concesiones viales y ferroviarias además de controlar a colectivos y camiones como lo venía haciendo.
Por otro lado, Gendarmería Nacional quedará a cargo de la prevención y el control del tránsito en las rutas nacionales y de la prevención, tareas que antes recaían sobre la Dirección Nacional de Vialidad.
Según el gobierno,el organismo presentaba “una dotación elevada y una configuración jerárquica extensiva que dificultaban la toma de decisiones y restaban agilidad a la ejecución de proyectos, lo que redundaba en altos costos operativos” . Además agregaron que hasta ahora tenía una dotación total de 5.184 agentes, de los cuales 1.091 estaban en Casa Central y 4.053 agentes estaban asignados a los 24 distritos viales. De estos últimos, el 67% cumplía funciones administrativas, técnicas o jerárquicas, y solo el 33% realizaba tareas operativas en territorio.
Desde el gremio de trabajadores viales advirtieron que esta disolución no es una reorganización administrativa sino una privatización encubierta y denunciaron que el Gobierno primero desfinanció deliberadamente a Vialidad para luego acusarla de ineficiente. “Estamos frente a una operación para mercantilizar las rutas argentinas, donde el único criterio será la rentabilidad, no la necesidad social ni la conectividad. Este decreto pone en peligro vidas, empleos y derechos”, sostuvieron desde el sindicato.
