Con las tasas a sus casas
El Gobierno dispuso que los municipios y las provincias no podrán cobrar tasas ni recargos en las boletas de servicios públicos. El ministro de Economía Luis Caputo calificó ese cobro como “un abuso” de los intendentes y sostuvo que para que haya una tasa debe haber alguna contraprestación.
“Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dispuso que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio”, adelantó el ministro de Economía.
En la publicación en el Boletín Oficial, el gobierno explicó que ““con el transcurso del tiempo se ha ido transformando en una práctica generalizada, para una gran cantidad de proveedores en el mercado, la inclusión y facturación, dentro de la documentación comercial emitida a los consumidores por el suministro de bienes y servicios, de conceptos ajenos a aquellos contratados por el consumidor” y sostuvo que se trata de “una violación al deber de brindar un trato digno a los consumidores”.
El cobro de tasas indebidas había sido denunciado públicamente por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) que en un informe había revelado que el 49,1% del precio de los productos de primera necesidad estaba conformado por impuestos.
Días atrás Caputo había criticado fuertemente a los jefes comunales por esta maniobra, en la que además vislumbraba intencionalidad política. “Los municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas y lo hacen no solamente con fines recaudatorios sino también políticos: obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno para bajar la inflación y, como siempre, los grandes perdedores son los ciudadanos”, dijo.
La medida debe ser reglamentada y recién en 30 días entraría en plena vigencia.
