Acuerdos políticos: ¿cuáles, cuándo, dónde?
Por Jesús Rodriguéz.
En los temas complejos conviene ser preciso desde el principio.
Estoy convencido de que, si uno rechaza la violencia como método de resolver conflictos, debe reconocer al diálogo como requisito imprescindible para lograr acuerdos.
Esa condición previa no solo vale para las relaciones interpersonales, sino que es una responsabilidad ineludible de todos los actores del proceso social, particularmente de los partidos políticos, sobre todo en sociedades conflictivas.
Las coaliciones
Las realidades sociales diversas y complejas que caracterizan a la época actual obligan a los partidos a diseñar estrategias coalicionales porque ya no son solamente las tradiciones familiares o las ubicaciones en los procesos productivos los que determinan las preferencias electorales.
Esa es, en verdad, la razón que explica que estemos en una era de coaliciones políticas, tanto en el mundo como en nuestra región de América Latina.
En Argentina, la coalición que desde la UCR ayudamos a construir en 2015, lleva ganadas tres de las cuatro elecciones en las que compitió. No solo eso, el último gobierno que integramos fue el único con presidente no peronista en casi un siglo -desde Marcelo T. de Alvear en 1928- que pudo concluir su mandato en las fechas preestablecidas. Además, contrariando la historia de coaliciones políticas en nuestro país, Juntos por el Cambio pudo superar el adverso resultado electoral de la última elección presidencial y ratificar, desde la oposición, su vigencia.
Las coaliciones se forman con partidos políticos -actores insustituibles de la vida democrática- que, sin perjuicio del papel desempeñado por cada fuerza hasta ese momento y de las ponderaciones divergentes sobre cuestiones pasadas, tienen la aptitud y la capacidad de forjar coincidencias sobre un programa común para el futuro.
Esa necesidad del acuerdo programático explica el esfuerzo institucional del radicalismo, a través de la Fundación Alem, en trabajar coincidencias con los socios de la coalición. Esa vocación se evidenció en el encuentro programático de la UCR en Córdoba el mes pasado, donde 900 expertos y especialistas en todas las disciplinas de las políticas públicas, llegados de todas las provincias, expusieron los trabajos y las propuestas luego de meses de trabajo sistemático y colaborativo.
Ese es el primer eslabón de los acuerdos: son entre partidos políticos y tienen naturaleza programática.
Esta es la manera de ofrecer a la sociedad una visión del país que soñamos: una Argentina que, asegurando la libertad y la igualdad, promueva la realización individual en un marco de progreso social.
El régimen electoral
Ahora bien, la acción de los partidos y de las coaliciones se desarrolla en el contexto de un sistema político y dentro del marco legal que regula la competencia electoral.
En nuestro caso, es un sistema electoral que prevé doble vuelta para los cargos de Presidente y Vicepresidente (a menos que se consigan las mayorías constitucionales en la primera vuelta); mientras que los legisladores nacionales son elegidos en una primera y única vuelta electoral. Además, en forma previa a las elecciones generales, los candidatos a todos los cargos electivos deben ser elegidos en elecciones primarias, abiertas y obligatorias (PASO).
Ese dispositivo requiere una aproximación sistémica: las PASO permiten que los ciudadanos, y no solo los afiliados y simpatizantes, sean los que seleccionan los candidatos de los partidos y las coaliciones. En la primera vuelta se decide la conformación del Congreso y se prefigura la elección de la fórmula presidencial. En la segunda vuelta, en caso de ser necesaria, se elige el Poder Ejecutivo.
El ordenamiento político de la Argentina, y el de todos los países de América Latina, es de naturaleza presidencialista, a diferencia del prevaleciente en Europa donde los gobiernos son de base parlamentaria.
Esa característica distintiva impone una diferencia sustancial: en los sistemas de base parlamentaria la duración del gobierno está dada por la existencia de una mayoría en el Parlamento que lo sustente. En cambio, en los sistemas presidenciales el tiempo del mandato del Presidente está predeterminado y no necesariamente coincide con la extensión del mandato de los legisladores.
Sin embargo, las diferencias entre los sistemas presidencial y parlamentario en nada afectan la formación de coaliciones. En efecto, en los sistemas de cuño presidencial es posible -como sucede en Brasil, Uruguay y Chile- verificar los llamados “presidencialismo de coalición” donde los acuerdos y las alianzas entre los partidos se concretan en el ámbito legislativo y en la conformación del gobierno.
La propuesta sorpresa
La iniciativa de varios dirigentes de JxC conocida esta semana, por la que se propicia la incorporación de nueva figuras políticas a la coalición, es confusa y riesgosa.
La confusión deriva de su pobre argumentación. Se pretende justificar con su contribución a la gobernabilidad futura cuando en verdad el resultado es la afectación negativa de la confianza ciudadana en la política, principal insumo para los detractores de la democracia, aquí y en todas las geografías.
Es también riesgosa porque no solo lesiona las aptitudes competitivas de nuestros candidatos en las próximas elecciones provinciales – ya afectadas por la manipulación normativa y de fechas de los gobiernos subnacionales de baja calidad democrática- sino que, al sembrar dudas sobre la solidez de la coalición, fogonea la apuestas a liderazgos mesiánicos y providenciales.
El buen camino
Siempre, pero sobre todo en tiempos de incertidumbre, es necesario ser rigurosos en la definición del objetivo. En nuestro caso: asumir un gobierno e iniciar un esperanzador camino de progreso y realización individual en la Argentina, que deje atrás para siempre el estancamiento económico y deterioro social.
Para el cumplimiento de ese objetivo, se requiere no solo de funcionarios probos, sino de un diagnóstico inicial realista -que además sea claramente transmitido a la ciudadanía- y de una estrategia política global que guíe a esos funcionarios en los diversos aspectos de la gestión del Estado.
La subestimación de la magnitud de la crisis en nuestro último gobierno, llevó a retacear el derecho de los ciudadanos a conocer los datos de la hipoteca heredada. A su vez, la suma de iniciativas sectoriales condujo a la fragmentación de las decisiones y, por último, primó una idea equivocada de que es necesario separar la gestión de la política.
La posibilidad de afrontar con éxito los desafíos mayúsculos que se vienen, luego de esta etapa caracterizada por el populismo recargado (dados los múltiples embates a la división e independencia de los poderes) y el ultra facilismo económico (evidenciado por los desequilibrios de la economía) exige la combinación virtuosa de varias dimensiones:
- La formulación de un diagnóstico acertado y preciso;
- la articulación de un programa integral;
- la constitución de equipos dotados de aptitud y mística;
- la construcción del suficiente respaldo político; y
- el logro de la licencia social que provea legitimidad para las transformaciones necesarias para remover los obstáculos al progreso individual y social.
Es esencial asumir que el diseño, la implementación y la gestión política del programa de gobierno conforma un conjunto inseparable y que, en materia económica, el plan de estabilización debe ser acompañado por un programa de reforma que no solo permita el control de la inflación sino que también siente las bases de un crecimiento social y económicamente sostenible en el tiempo.
En otras palabras, es evidente que la aptitud del sistema político es una variable clave y determinante, y dado el calado de los desafíos que deberemos afrontar es indispensable disponer de una coalición cohesionada en lo conceptual y, también, sólida tanto en el Palacio del Congreso como en la Casa Rosada.
La unidad de concepto requiere de un programa de acción que sea el resultado del análisis conjunto y del trabajo compartido que los equipos técnicos y especialistas de los partidos vienen desarrollando y, además, de su ratificación por parte de las instancias previstas en las normas de los partidos que integran la coalición.
Además es imprescindible que los legisladores nacionales adhieran “ex ante” a ese programa y que se comprometan a formar parte de un mismo y único bloque en las cámaras legislativas.
Del mismo modo, debe haber un compromiso de los potenciales titulares del Poder Ejecutivo de componer el gobierno con los principales dirigentes de las fuerzas políticas que integran la coalición.
Como se ve, la cohesión de la coalición es compleja y requiere más trabajo político y menos iniciativas del tipo “golpe de efecto” que -aunque se presenten de esa manera- no contribuyen a la eficacia en la acción política de la coalición, sino todo lo contrario.
Así, una secuencia política que tenga programa (resultado del acuerdo de los partidos y asumido por todos los candidatos a cargos electivos); luego la competencia en las PASO para cargos ejecutivos (con los énfasis, matices y sensibilidades que cada candidato agregue a ese programa común); y, no menos importante, el compromiso de constituir una verdadera coalición de gobierno, podrá disponer de la fuerza necesaria par brindar sustento político y legitimidad social a nuestro próximo gobierno.
La hoja de ruta expuesta no impugna el diálogo democrático ni obstaculiza los acuerdos. Al contrario, el programa de transformación requiere de mayorías estables en el Congreso que le den sustento al Poder Ejecutivo. Para ello el régimen electoral ofrece el camino virtuoso a través de coaliciones electorales en la segunda vuelta que amplíen la coalición de la primera vuelta y, además, está disponible la formación de una coalición de gobierno aún más amplia que la que compite en el balotaje.
Esos son los pasos y así funciona el presidencialismo de coalición, sin recurrir a artilugios ineficaces que alimentan la idea del “cualunquismo político”, deshonrando la palabra política y poniendo en riesgo la vitalidad de la única opción auténtica de cambio y transformación que deje atrás la experiencia populista.
Ese recorrido es, frente a la peligrosa desconfianza en las instituciones en la que puede caer la sociedad, el camino esperanzador para proveer certidumbre, siempre apoyado sobre los tres pilares fundamentales: el democrático, el liberal y el republicano.
