La discapacidad está emergencia: familias y prestadores exigen respuestas
Miles de personas con discapacidad y sus familias están en emergencia. Reclaman porque el Gobierno no actualiza los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y la atención está colapsada. Además, se recortan las coberturas y los prestadores, al ver sus honorarios cada vez más desfasados, optan por buscar otros trabajos más rentables. Esta combinación termina por dejar desamparadas a las personas con discapacidad y a sus entornos, sin importar su poder adquisitivo porque directamente casi no hay prestaciones.
Por esa razón, exigen que se declare la Ley de Emergencia en Discapacidad, que permitirá recomponer el sistema de atención y brindar una asistencia adecuada a las miles de familias que dependen de esos profesionales para poder llevar una vida digna.
Los puntos centrales del proyecto son:
Actualización urgente de aranceles: Para que los prestadores puedan seguir trabajando sin perder poder adquisitivo. Hoy, los honorarios están tan desfasados que muchísimos profesionales abandonan el sistema.
Pago en tiempo y forma: algo que hoy no sucede. Las obras sociales, el Estado y la Superintendencia de Salud muchas veces tardan meses en pagar.
Ampliación del presupuesto: con partidas claras destinadas a discapacidad, para garantizar la cobertura efectiva de las prestaciones.
Regulación del nomenclador: que define qué tipo de atención se puede brindar y cuánto se paga por ella. Hoy está totalmente desactualizado.
Mejora del transporte y su cobertura: es clave para que muchas personas puedan acceder a tratamientos, escuelas o espacios terapéuticos.
Reconocimiento del rol de los acompañantes y cuidadores: que hoy no siempre son contemplados dentro del sistema, aunque son esenciales.
Revisión de los circuitos burocráticos: que demoran el acceso a derechos básicos.
Escucha activa a las familias y a las personas con discapacidad: para que no se legisle ni se tomen decisiones sin tener en cuenta su realidad concreta.
Este miércoles miles de familias reclamaron frente al Congreso que se sancione la emergencia en discapacidad. El gobiernobya adelantó que toda iniciativa que aumente el gasto públiconserá vetada. Sea por una cuestión de humanidad o por una cuestión electoral, la espectativa y la esperanza están puestas en que el debate prospere en las Cámaras y el Ejecutivo no lo eche por tierra al final.
