Procesaron al intendente de Pehuajó por destruir y robar un galpón perteneciente al Estado Nacional
El dirigente ultrakirchnerista, Pablo Zurro, fue procesado por derribar un galpón que había sido entregado en concesión a la empresa ferroviaria FerroExpreso Pampeano (FEPSA). Podría afrontar entre 15 días y un año de prisión por los delitos cometidos.
El episodio delictivo que involucra a Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, se llevó adelante durante los días 29 y 30 de mayo de 2021, cuando autorizó la destrucción y el posterior robo de los bienes de un galpón que era propiedad del Estado Nacional y había sido destinado al acopio de cereales a través de la concesión otorgada a la empresa FerroExpreso Pampeano S.A.
La causa detalla que “el lunes 31, cuando el personal de la empresa se hizo presente en el lugar, no quedaban rastros del galpón. Todo había desaparecido excepto unas máquinas estacionadas en el lugar, con las que evidentemente se lo destruyó”. Desde la empresa concesionaria aseguran que en ningún momento el municipio advirtió o pidió la autorización para la destrucción y la apropiación ilegal del patrimonio.
Además, denuncian que este hecho de injustificada destrucción y posterior robo se llevó adelante con la presencia y directa supervisión del intendente municipal Plablo Zurro en el predio que abarca unos 1.280 metros cuadrados emplazados en el cuadro de la Estación Juan José Paso.
A su vez, desde FerroExpreso Pampeano señalan que el evento descripto se encuentra debidamente corroborado mediante la denuncia, fotografías, informes técnicos, declaraciones testimoniales, filmaciones, constataciones y demás actuaciones obrantes.
En su declaración, Zurro sostuvo que no tuvo intenciones de dañar a la empresa concesionaria y que llamó al menos 20 veces a Romeo Calamante, Jefe del Área Operativa de FerroExpreso Pampeano. Entre sus justificativos para derribar el galpón, manifestó que “estaba muy destruido y era una vergüenza ajena”; además mencionó que implicaba un riesgo para la población y que temía por la integridad de los vecinos.
Cabe destacar que el artículo 183 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado”.
El bloque de concejales de Juntos por el Cambio se encuentra esperando que quede firme el auto procesamiento ya que hay tramos donde el juez da a entender que podría haberse configurado la figura de malversación de caudales públicos al haberse utilizado maquinaria y recursos municipales.
Pablo Lanik, concejal opositor, explicó que “si existe la posibilidad de algún daño para con el erario público municipal, nosotros como funcionarios públicos tenemos deber de denuncia, sino estaríamos incumpliendo con nuestro deber”.
Además, Lanik “se refirió a cierto patrón o tendencia a no respetar la propiedad privada” por parte del intendente de Pehuajó, que algunas semanas atrás había encendido la polémica tras haber llamado a “expropiar la producción de soja para profundizar el modelo”.
