Otra policía se suicidó en horas de servicio y el Gobierno de Kicillof sigue mirando para otro lado
En un hecho conmocionante y preocupante, otra agente de la policía bonaerense se quitó la vida en un contexto de creciente desprotección del Estado provincial.
La muerte de la oficial de Policía Micaela Belén Ramírez, de 25 años, ocurrida el sábado 3 de enero en la Subdelegación de Investigaciones de Florencio Varela, no puede leerse como un hecho aislado ni reducido a una tragedia individual. Se trata de un nuevo episodio que expone con crudeza la falta de políticas eficaces del gobierno de la provincia de Buenos Aires para velar por la salud mental y contener a quienes integran las fuerzas de seguridad y enfrentan día a día el flagelo imparable de la inseguridad en el conurbano.
Ramírez había ingresado por la mañana para cumplir su servicio de “disponible” en la sede ubicada en avenida Senzabello y Los Andes. Cerca del mediodía, una detonación alertó a sus compañeros. Al forzar la puerta del baño, efectivos de la dependencia la hallaron gravemente herida. Fue trasladada de urgencia al Hospital Mi Pueblo, donde los médicos confirmaron su muerte.
La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 1 del distrito, con intervención de Gendarmería Nacional. Sin embargo, más allá de las actuaciones judiciales de rigor, el caso vuelve a abrir un interrogante profundo y urgente: ¿qué contención real brinda el Estado provincial a sus policías?
El suicidio de Micaela es el segundo de un efectivo policial registrado en el sur del conurbano bonaerense en apenas los primeros días de 2026. La repetición de estos hechos ya no admite explicaciones coyunturales ni silencios oficiales.
Jornadas extensas, estrés permanente, exposición a la violencia, falta de acompañamiento psicológico sostenido y escasos dispositivos de prevención conforman un cuadro que el gobierno bonaerense conoce, pero que sigue sin abordar de manera integral.
Cuidar la salud mental de quienes portan un arma y tienen a su cargo la seguridad de millones de bonaerenses no es una opción: es una responsabilidad indelegable del Estado.
