Las claves de la reforma educativa que quiere el Gobierno
El Gobierno nacional no solo prepara las reformas laboral y tributaria sino que también tiene en carpeta impulsar una reforma educativa que promete levantar polémica. La llamada Ley de Libertad Educativa plantea un giro estructural en el sistema escolar argentino y que implicaría la derogación completa de la actual Ley de Educación Nacional 26.206. En su concepción, pone el eje en la libertad de elección de las familias y en una novedosa ampliación de la autonomía escolar.
El punto central del nuevo proyecto coloca a la familia como “agente natural y primario de la educación de los hijos”, en un desplazamiento simbólico, pero también operativo, del Estado como actor principal en la educación de la población. La nueva ley se ordena a partir de esa base, que sirve como marco para la redefinición de contenidos y modalidades y la reorganización del calendario escolar.
Entre los cambios más sensibles, el texto habilita de manera explícita la educación en el hogar, sin fijar una edad mínima para su implementación. El “home schooling” pasa a formar parte de un menú de formas alternativas de enseñanza, con lo que la escuela deja de ser el ámbito de formación por excelencia. El texto además incluye modelos híbridos, con momentos presenciales y otros virtuales, y autoriza además la educación completamente a distancia. Si los chicos se educan en sus casas, los aprendizajes deberán ser acreditados mediante exámenes periódicos.
Por otro lado, según esta nueva concepción las escuelas podrán crear planes de estudio propios, elaborados de acuerdo a sus proyectos educativos. Estos podrán convivir con los planes comunes siempre que se respeten los contenidos mínimos establecidos por los ministerios de educación.
En cuanto al tiempo mínimo de clases, el proyecto reemplaza el mínimo de días por el de horas y establece que se deberán cumplir 540 horas para el nivel inicial y 720 horas para primaria y secundaria.
Otro de los grandes cambios es la posibilidad de que las provincias autoricen la enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, siempre de manera optativa y fuera del horario de clases.
Por último, la iniciativa declara a la educación básica como “servicio esencial”, con lo cual, en caso de huelga u otra medida de fuerza docente, se deberá garantizar el 75% de presencialidad de los maestros en las escuelas.
El texto ya está redactado y sería enviado al Congreso luego de la jura de los nuevos legisladores. Con los números a favor, el Gobierno confía en aprobar el proyecto que promete un fuerte cambio en la forma de educar a nuestros hijos y puede generar mucha polémica.
