La “Ley Nicolás”, para darle calidad y seguridad a los pacientes, pierde estado parlamentario
Mientras el Gobierno pone el foco en los proyectos de suspensión de las PASO y de Ficha Limpia como ejes de las sesiones extraordinarias para preparar el terreno para el año electoral, otras iniciativas fueron dejadas de lado y perderán estado parlamentario. Una de ellas es la “Ley Nicolás”, un proyecto que establece un marco jurídico para la seguridad sanitaria y los derechos de los pacientes
Nicolás Deanna era un joven que murió en 2017 cuando los médicos le dieron un diagnóstico errado y confundieron una meningitis bacteriana con una simple alergia. A partir de eso, sus familiares y distintas ONG impulsaron el proyecto que busca “asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”.
Esto significa que las instituciones médicas deberían tener protocolos de actuación del personal para prevenir daños evitables, presentar planes de auditoría de los sistemas de trabajo y hacer evaluaciones periódicas de las prestaciones y de la seguridad de los pacientes. Además, tanto médicos como enfermeras deberían realizar capacitaciones sobre calidad y seguridad en la atención sanitaria y someterse a certificaciones sobre sus condiciones físicas y cognitivas.
Por último, la iniciativa establece que se cree una estadística anual de mala praxis -algo inexistente en Argentina- y que las instituciones de salud reporten errores médicos en un sistema centralizado.
Sin embargo, ahora el Congreso de la Nación parece mirar para otro lado. El proyecto tuvo media sanción de Diputados el 7 de diciembre de 2023. Recién casi un año después, en septiembre de 2024, el Senado emitió dictamen para su tratamiento en el recinto. Pero, aún con todos esos pasos resueltos y pese a tener costo fiscal cero, el proyecto nunca se debatió en la Cámara Alta. Y al no ser incluido en las sesiones extraordinarias, perdería estado parlamentario en breve.
