La falta de aplicación de las leyes abre un complicado frente judicial para el Gobierno
Desconocer la ley no es gratis. En su batalla discursiva y en medio de la campaña, el Gobierno nacional promulgó las leyes de Emergencia pediátrica y de Financiamiento Universitario pero, al igual que con la Ley de Emergencia en discapacidad, no le asignó fondos y de esta manera frenó su aplicación, acusando a la oposición de promover iniciativas que atentan contra el equilibrio fiscal.
Sin embargo, esto podría costarle caro al presidente y al jefe de Gabinete Guillermo Francos. Según varios constitucionalistas, Javier Milei podría ser acusado de incumplimiento de deberes de funcionario público y el Congreso podría avanzar en un juicio político en su contra. Por otro lado, los diputados y senadores podrían impulsar una moción de censura para Francos y desplazarlo de su cargo.
Según el argumento oficial, las leyes “incrementan de manera desproporcionada el gasto público sin recursos suficientes”, lo que, aseguran, “mina la estabilidad macroeconómica” y afectara especialmente a los sectores más vulnerables.
En un plenario llevado a cabo este miércoles, las Universidades anunciaron presentaciones judiciales para exigir el cumplimiento inmediato de la norma. El principal argumento será la “gravedad institucional” que implica dejar sin efecto leyes aprobadas por el Congreso que resistieron incluso el veto presidencial.
La Ley de Financiamiento dispone una actualización automática del presupuesto universitario según la inflación y la recomposición salarial tanto para docentes como para no docentes. Sin embargo, el presupuesto 2026 contempla una asignación de recursos que, según denuncian, implicaría una caída real del 32% de los fondos para las universidades.
Según los constitucionalistas, el Poder Legislativo fija las leyes y el Poder Ejecutivo las ejecuta, no forma parte de sus funciones hacer un juicio de valor y decidir si están bien o mal. En este sentido, si no aplica las leyes, incurre en un incumplimiento que podría generar un juicio político contra el presidente porque está desoyendo un mandato de ley y violando procedimientos y cláusulas constitucionales.
En un complicado ajedrez político, el Gobierno esperará hasta después de las elecciones para ver si logra cubrir con diputados y senadores propios un tercio de ambas cámaras del Congreso. Eso le permitiría sortear cualquier intento de juicio político. Si eso no sucede, tendrá que contemplar otras salidas a esta nueva crisis.
