La batalla por la calle: el gobierno avanza en la justicia contra los piqueteros
Después de la marcha del 20 de diciembre, el Gobierno nacional anunció que ya denunció a varias organizaciones sociales por extorsión con los planes sociales. La causa cayó en el juzgado de Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita ya pidió información al Ministerio de Seguridad.
De los 15.900 llamados que hubo el día de la movilización al número 134, teléfono para denunciar a líderes piqueteros, los investigadores ya separaron más de 1100 que se pueden encuadrar en el delito de extorsión.
En el juzgado ya tienen 32 personas individualizadas que pertenecen a agrupaciones que manejan planes y que podrían ser sancionadas. En las denuncias los ciudadanos explican los mecanismos de extorsión empleados por las organizaciones que en la mayoría de los casos se trata de pedidos de dinero cada vez que cobran el plan, de “multas” a los que no van a los cortes y de amenazas con directamente cortar los beneficios.
Desde el Ministerio de Capital Humano confirmaron que están entrecruzando datos y esperan los resultados del reconocimiento facial para identificar a quienes cortaron las calles el miércoles pasado y verificar si tienen un plan social. En ese caso, adelantaron que se les quitará el beneficio.
Además, desde el Gobierno anunciaron que van a cobrarle a las organizaciones el costo del operativo de seguridad. El vocero Manuel Adorni lo confirmó en su conferencia de prensa diaria: “Vamos a intimar a las organizaciones sociales para que se hagan cargo del gasto del operativo porque no le corresponde a la ciudadanía”, dijo y agregó que “hay una estimación que ronda los 60 millones de pesos”. Las agrupaciones que el Ejecutivo tiene identificadas y a las que les facturará esta abultada cifra son 14.
