Impuestazo en los barrios cerrados: el juego del gran bonete entre las desarrolladoras y la provincia que solo perjudica a los propietarios

Los vecinos que apostaron a comprar una propiedad en un barrio cerrado de la provincia de Buenos Aires se ven atrapados en un doble juego perverso entre las desarrolladoras y el gobierno de Axel Kicillof, en el que los únicos que pierden son ellos: la gente.

La legislatura bonaerense aprobó a fin de año la nueva ley impositiva que eleva hasta un 200% los impuestos inmobiliarios y castiga duramente a los desarrollos que están terminados pero que aún no cuentan con la subdivisión o todas las aprobaciones correspondientes de la Provincia.

Sin embargo, es la propia Provincia la que, con una serie de obstáculos burocráticos, impide a los vecinos poder escriturar y después les cobra el impuesto más alto. Parte de la responsabilidad de esa demora también la tienen las desarrolladoras que incumplen con los plazos pactados y no presentan los papeles correspondientes. 

Este es el caso de los vecinos que viven en varios barrios cerrados de Pilar del Este. Ellos denuncian que por una traba inexplicable, a pesar de los numerosos pedidos de explicaciones, no pueden subdividir el barrio y entonces deben pagar impuestos como si se tratara de una sola casa que ocupa varias hectáreas, “Estamos pagando por una parcela de 42 hectáreas con una construcción de 41.500 m2. A modo de ejemplo: con el 200% de aumento Los Jazmines, un barrio cercano con escritura, pagará aproximadamente $35.400.000. Nuestro barrio, con construcciones mucho más modestas y sin subdivisión, pagaría $212.400.000 anuales” sostienen desde la Mutual de San Ramiro.

“Nosotros en el barrio estamos subdivididos municipalmente, pero ARBA, que es la provincia, no te subdivide. Entonces se nos cobra como si viviéramos en una mansión de 8.500 metros cuadrados con 50  mil piletas, porque para ellos todo el barrio es como una casa sola. Yo tengo una casa de un solo piso y pago lo mismo que alguien que tiene dos pisos y pileta”, grafica un vecino.

Pero el problema no es solo de este barrio. Se replica también en otros 8 de la misma zona administrados por Eidico -entre los que están Santa Guadalupe, San Ramón y Santa Emilia, por ejemplo- y perjudica a casi 5 mil propietarios que todavía no pueden escriturar porque no tienen la subdivisión y deben pagar cifras exorbitantes como si vivieran en una casa de dimensiones kilométricas.

“Pagamos como como gran contribuyente cuando es un barrio de clase media y de toda gente laburante”, explican. 

Eidico tiene más de 85 desarrollos y fue denunciada en los medios en reiteradas oportunidades por mala administración y fraude. Sin embargo sigue operando y sigue teniendo de “rehenes”, como ellos mismos lo definen, a los habitantes de distintos barrios. 

“No nos queda otra que sospechar de algún acuerdo oculto porque cuanto más demora Eidico en presentar los papeles y en que la provincia libere todos los trámites, más tiempo se queda en la administración. No recibimos ninguna respuesta sobre el motivo de la traba del trámite de factibilidad desde 2021. Y la administración de los barrios para ellos es un negocio bárbaro. En este barrio solo se recaudan casi 50 millones de pesos”, denuncian desde San Ramiro.

“Estamos pagando casi 150 mil pesos de expensas y el barrio tiene apenas 4 plazas y nada más. Ellos te meten el impuesto de Arba en las expensas y si no pagás, te cobran un 8% de interés al mes siguiente, con lo que te tienen atado de manos”, sostienen. “No quieren largar la administración pese a que tienen el mandato vencido. Nosotros hicimos una asamblea y elegimos un nuevo administrador, firmamos todo ante escribano público y aún así no lo reconocen. No rinden cuentas de nada y son un desastre. Es una impunidad total”, resumen indignados. 

En San Ramiro, como en otros barrios, tienen claro que la solución es desprenderse de la desarrolladora. “No somos dueños de nuestras propias casas porque tenemos una cesión de tierras y somos rehenes de la mala administración. Queremos escriturar para pagar cada uno lo que corresponde. Nadie plantea dejar de pagar sino pagar lo que es justo”, aclaran. 

“La autogestión del barrio sin duda ayudaría a resolver gran parte de los problemas planteados, pero necesitamos con urgencia que tanto funcionarios como empresarios entiendan que nos están haciendo pagar algo que no corresponde: entendemos perfectamente y no somos ajenos al contexto de la realidad que estamos viviendo y estamos de acuerdo en pagar lo que nos corresponde como vecinos bonaerenses, pero necesitamos un compromiso para que la desarrolladora, la provincia de Buenos Aires y el municipio entiendan que dejamos pasar un plazo más que prudente para reclamar y necesitamos regularizar la subdivisión y así avanzar rumbo a la escrituración de nuestras viviendas. No es más que eso lo que reclamamos y necesitamos que La Plata libere nuestro expediente, que está trabado en la Autoridad del Agua (ADA) desde 2021”, detallan los vecinos organizados. Ellos piden reunirse con Cristian Girard, titular de ARBA que responsabilizó a las desarrolladoras, para expresarle con claridad s problema y proponer una solución.