Fallo histórico contra las app de viaje en la Ciudad

Fallo histórico contra las app de viaje en la Ciudad

La justicia porteña determinó que servicios como Uber, DiDi y Cabify no son meros intermediarios tecnológicos, sino prestadores de un servicio de transporte de pasajeros. Esta distinción legal, que los saca de la esfera del “transporte privado” entre particulares, obliga a los choferes a cumplir de inmediato con normativas de seguridad y capacitación que hasta ahora eludían.

La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo  consideró que el Gobierno de la Ciudad incurrió en una “omisión ilegítima” al no controlar estas aplicaciones, permitiendo que operaran en una “clandestinidad tolerada”. Según los jueces, no es justo que los taxistas enfrenten una carga regulatoria y económica estricta mientras las aplicaciones compiten sin requisitos básicos.

A partir de este fallo, mientras la Legislatura no dicte una ley específica, los conductores de plataformas deben ajustarse a las reglas mínimas del Código de Tránsito y Transporte porteño.

Esto significa tener licencia de conducir profesional, que requiere exámenes físicos, psicológicos y antecedentes penales más rigurosos y seguros específicos que cubran responsabilidad civil hacia terceros, seguro para personas transportadas y cobertura para el conductor profesional. Además, deberán tributar ingresos brutos.

Aunque el fallo no prohíbe el funcionamiento de las aplicaciones, la imposición de estos costos y trámites administrativos representa un golpe al modelo de “flexibilidad total” de las plataformas.

Para los choferes, esto significa que el costo de entrada a la actividad será mayor y los controles de tránsito más estrictos. Para los usuarios, el fallo abre la puerta a una posible suba de tarifas derivada de los nuevos costos operativos y del pago de impuestos por parte de las empresas.

Los jueces aclararon que la vigencia de estas medidas es inmediata, y solo cesará cuando la Legislatura porteña sancione una ley que regule específicamente la actividad de transporte por plataformas digitales.

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