El Gobierno limita por decreto el derecho a huelga
A través de un decreto, el Gobierno limitó el derecho a huelga de los trabajadores y amplió la lista de actividades consideradas esenciales. Esto fue fuertemente repudiado por gremios y sindicatos que aseguraron que son derechos constitucionales contra los que un presidente no puede avanzar.
La nueva norma establece la obligación de garantizar un funcionamiento de entre el 50 y el 75% en determinadas actividades pese a estar en conflicto sindical. Concretamente se sumaron a la lista que deben cumplir con este porcentaje los servicios sanitarios y hospitalarios, el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios, los servicios farmacéuticos, la producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas, otros combustibles y energía eléctrica, los servicios de telecomunicaciones, incluidos internet y comunicaciones satelitales, la aeronáutica comercial y el control del tráfico aéreo y portuario, incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y demás servicios portuarios, los servicios aduaneros y migratorios, y otros vinculados al comercio exterior, el cuidado de menores y la educación en los niveles de guardería, preescolar, primaria, secundaria y educación especial y el transporte marítimo y fluvial de personas, mercaderías y carga, junto a los servicios conexos y operaciones costa afuera.
Hasta ahora sólo eran considerados esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, el control del tráfico aéreo y la producción y distribución de agua potable y energía eléctrica.
Desde la CGT advirtieron que no permanecerán en silencio frente a lo que consideraron “una grave avanzada del Gobierno” y explicaron que “”en la práctica, esta decisión equivale a cercenar el derecho constitucional a huelga de millones de trabajadores y trabajadoras”. Por esa razón anticiparon que darán “las batallas que tengan que dar, sean en los tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar este y otros derechos amenazados por el Ejecutivo”.
