El Congreso reformó la Ley de Glaciares: ya hay polémica y promesas de judicialización
La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la Ley de Glaciares, uno de los puntos más sensibles de la agenda legislativa del Gobierno. Con 137 votos a favor y 111 en contra, el nuevo marco normativo redefine los límites de protección ambiental en la cordillera y otorga mayor potestad a las provincias para decidir qué áreas pueden ser intervenidas por la actividad minera.
El corazón de la reforma radica en el acotamiento de las áreas protegidas, especialmente en lo que respecta al “ambiente periglacial”, que son zonas de suelo congelado que rodean a los glaciares y regulan el flujo de agua.
Anteriormente, la ley protegía de forma genérica todo el ambiente periglacial, pero la nueva normativa establece criterios más específicos: para que una zona sea considerada protegida, debe contar con “hielo permanente” o una “función hídrica efectiva y comprobada”.
Al restringir el concepto de ambiente periglacial, áreas que antes estaban vedadas a la minería ahora quedan disponibles para la exploración y explotación, especialmente en proyectos de cobre, oro y litio. Además serán las provincias las que determinen, mediante sus propios estudios de impacto ambiental, qué áreas pueden ser explotadas. Mientras que para el Gobierno esto es “federalismo ambiental”, para la oposición, es una fragmentación que debilita el estándar nacional de protección.
Organizaciones como Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y diversos sectores académicos manifestaron una férrea oposición a la reforma, argumentando que el ambiente periglacial funciona como una suerte de “tanque de reserva” que alimenta los ríos en épocas de sequía. Al permitir la actividad minera en estas zonas, se corre el riesgo de contaminar o agotar fuentes de agua vitales para el consumo humano y el riego en provincias cuyanas y del norte.
Por otro lado, advirtieron que la Constitución y los tratados internacionales establecen que, en materia ambiental, no se puede retroceder en los niveles de protección ya alcanzados. Los activistas sostienen que esta ley es inconstitucional porque reduce un estándar de protección que ya había sido ratificado por la Corte Suprema en 2019. Además argumentan que, en un contexto de calentamiento global, los glaciares están retrocediendo a un ritmo acelerado. Proteger solo el “hielo visible” e ignorar el suelo congelado que lo rodea es, según los expertos, una visión cortoplacista que ignora la dinámica de los ecosistemas de alta montaña.
Desde el oficialismo, la postura es más pragmática. El Gobierno argumenta que la ley de 2010 era “extremadamente restrictiva” y que funcionaba como un “cepo” al desarrollo económico. La administración de Javier Milei busca que la minería se convierta en uno de los motores de la economía.
“No estamos desprotegiendo los glaciares, estamos dando seguridad jurídica para que el país pueda crecer sin discusiones ideológicas que nos empobrecen”, sostuvieron desde las filas de La Libertad Avanza durante el cierre del debate.
Ahora se abre otra etapa. Con la nueva ley ya sancionada, las organizaciones ambientalistas ya adelantan que irán a la justicia para trabar todos los proyectos que, según ellos, pongan en peligro al medioambiente.
