Duras críticas de la Iglesia a la Ley penal juvenil cuando empieza el debate en Diputados
En el arranque en el Congreso del debate de la nueva Ley Penal Juvenil, la Iglesia volvió a sentar posiciones e insistió en su rechazo a la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal, argumentando que no aportará soluciones reales al problema de la inseguridad y podría agravar la situación de los adolescentes.
A través de una carta abierta dirigida a legisladores nacionales, firmada por Cáritas Nacional y las Comisiones Episcopales de Pastoral Carcelaria y Social, el texto sostiene que “bajar la edad no baja el delito” y plantea, en cambio, tener una visión que aporte soluciones de contención y educación en lugar de castigos.
En el documento, los firmantes califican la iniciativa oficialista como un “retroceso en materia de derechos humanos” y advierten que la reforma propuesta “habilita la aplicación de reglas del derecho penal adulto” en menores, sin garantizar un debido proceso adecuado ni políticas especializadas para su tratamiento.
Según la Iglesia, el proyecto no solo no asegura una disminución de la criminalidad juvenil, sino que además “permite el alojamiento en cárceles o dependencias de fuerzas de seguridad, pero no asegura defensa técnica especializada”, una combinación que puede resultar perjudicial para los adolescentes.
El comunicado también subraya que el texto original contempla “penas desproporcionadas para adolescentes, sin una diferenciación razonable respecto de los adultos ni entre delitos leves y graves, ni entre adolescentes de distintas edades”. Los obispos advierten que esto entra en conflicto con principios jurídicos básicos.
La Iglesia también citó estadísticas y advirtió que “la participación de adolescentes de entre 12 y 17 años en procesos penales es muy baja: apenas el 0,42%” y la mayoría de esos casos corresponden a delitos contra la propiedad.
Más allá del plano jurídico, el pronunciamiento también aporta un componente ético y social. El documento afirma que en un contexto donde “avanza la cultura del descarte”, debe evitarse la estigmatización de los jóvenes. “Sostenemos que los adolescentes y jóvenes no son una amenaza, sino presente y esperanza; protagonistas indispensables de una transformación profunda”, subrayan los obispos.
Finalmente, los firmantes hacen referencia a enseñanzas del Papa Francisco para reforzar su postura: “Los Estados deben abstenerse de castigar penalmente a los niños que aún no han completado su desarrollo hacia la madurez…”, y proponen que la respuesta a la problemática juvenil priorice la educación, la inclusión y la reinserción antes que el castigo penal.
