Preocupación: el agua de 10 municipios bonaerenses presenta niveles tóxicos de ársenico
Un informe reciente del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) encendió las alarmas en la provincia de Buenos Aires: en 10 municipios, el agua que sale de las canillas presenta concentraciones de arsénico que superan los límites seguros para el consumo humano.
La alerta roja es concretamente para Chivilcoy, Mercedes, Escobar, General Rodríguez, Cañuelas, Monte, Roque Pérez, Azul, Villarino, Almirante Brown, Ezeiza y San Vicente. Y la recomendación es clara: no beber el agua de red ni utilizarla para cocinar.
Otra decena de municipios —incluidos General Pueyrredón, Villa Gesell, Tres Arroyos, Olavarría, Junín y La Plata— fueron catalogados como “zona amarilla”, con niveles de arsénico más bajos, pero que obligan a reforzar los controles y a mantener a la población informada.
Los especialistas explican que la exposición sostenida al arsénico puede estar vinculada a enfermedades graves como distintos tipos de cáncer, alteraciones cardiovasculares, daño neurológico en la infancia y afecciones respiratorias persistentes.
Un dato que agrava la situación es que el arsénico no tiene olor ni sabor, lo que lo vuelve indetectable en el agua para los vecinos. Desde el ITBA insistieron en que la única forma de descubrir su presencia es mediante análisis periódicos, indispensables para decidir si es necesario incorporar nuevos sistemas de potabilización o filtros específicos.
La noticia de la presencia de arsénico no es nueva y ya varios legisladores presentaron proyectos al respecto. En agosto, el senador del PRO Marcelo Leguizamón hizo un pedido de informes para que el Gobierno de Axel Kicillof y la empresa ABSA den explicaciones sobre qué medidas se están tomando para cuidar la salud de la población.
En tanto, la diputada de Unión y Libertad, Sabrina Sabat, presentó un proyecto de ley para la creación de un mapa interactivo que monitoree los niveles de arsénico en el agua en tiempo real y permita por un lado generar herramientas de prevención y, por el otro, fortalecer el control de los bonaerenses sobre las empresas que les prestan el servicio de agua.
