Motochorros. Un problema gravísimo con una solución muy simple

Por Lic. Rodolfo Florido

Un negocio de 90 mil millones de pesos anuales. En lo que va del año, solo en el AMBA, “motochorros” actuaron en más de 8.200 robos violentos y hacia fin de año estaríamos entre 12 y 13 mil hechos violentos. Muertos y heridos graves forman parte de sus consecuencias. Si proyectamos la estadística (de manera arbitraria ya que no hay datos que totalicen el ámbito nacional) estaríamos entre 40 y 50 mil hechos anuales y eso disminuyendo a menos de la mitad las proyecciones estadísticas del AMBA.

Obviamente hay áreas, provincias, municipios y ciudades más calientes que otras pero para que nuestros lectores dimensionen la gravedad de este delito fuera ya del AMBA, en la ciudad de Santa Fe solo entre abril 2022 y enero 2023 se secuestraron más de 10 mil motos por distintos delitos. En esa ciudad desde que se que una nueva legislación comenzó a secuestrar las motos, el delito se redujo un 40%. Y esto, si bien positivo, no es la solución.

Los motochorros no solo roban con extrema violencia. En lo que va de este año, en el área medida del AMBA, asesinaron a 18 personas, según un informe realizado por la ONG Defendamos Buenos Aires. El proyectado de asesinatos es de 24 y el nacional debería estar en más de 70. Estamos hablando de hombres y mujeres, padres, madres, abuelos, abuelas, hijos e hijas. En resumen, vidas que ya no podrán brindarle nada a la sociedad ni que tendrán desafíos y sueños. Murieron porque entre los motochorros a los que no les importa absolutamente nada y los que deben afrontar las respuestas para terminar con este flagelo, no se hace nada.

Hablar con cualquier ciudadano de grandes conglomerados humanos que transita por estas zonas dominadas por los motochorros, saben y nos afirman que con solo ver dos personas en una moto entran en pánico y sus corazones se aceleran. Todo es, para esta gente, robable. Desde un celular, pasando por una cartera y la bolsa de compras hasta un auto.

Y aquí entramos en otra zona de los delitos conexos con la actividad de los motochorros. La reducción, o sea la venta, de lo robado. Sea esto un celular sea esto un auto. En el proceso, de la victima ya nadie habla. Fue golpeada, tiroteada porque si o arrastrada por la tierra o el asfalto. Medio millón de argentinos en 10 años han sufrido esto y otro medio millón o más lo sufrirá en los próximos 10 años.

Nada los detiene, ni siquiera un policía uniformado a quien le robarán su arma reglamentaria y en muchos casos su vida o su integridad física.

Para que la gente comprenda de que estamos hablando. Cada día se compran más de 11.000 celulares robados en el país de los cuales un porcentaje altísimo, del orden de la mitad son robados por motochorros. O sea que estamos hablando de 1 millón 800 mil celulares por año que son comprados por ciudadanos “honestos” (lo cual obviamente no lo son porque cuando se paga muy por debajo que el precio de un negocio habilitado se sabe que es robado y quizás sangriento)  con lo cual se degrada la moral de un pueblo que se acostumbra a comprar robado lo que a otro ciudadano le costó mucho dinero e incluso quizás la vida. Hagan un cálculo mínimo a un costo de 50 mil pesos la venta de un celular robado, multiplicado por 1.800.000 nos da un “negocio delictivo” de mas de 90 mil millones de pesos. ¿ENTIENDEN AHORA PORQUE NADIE QUIERE IR A FONDO CON ESTE TEMA?

LA SOLUCIÓN LEGISLATIVA

1. Prohibir a nivel nacional a través de una Ley que se transite en moto con más de una persona a bordo.

• Las motos secuestradas por transitar con más de 1 persona a bordo quedarán en esa condición durante un máximo de 60 días hasta que el titular de la misma traiga los papeles de propiedad. Si el plazo vence y nadie se presenta a retirarla con más el pago de una multa, las motos serán re patentadas y subastadas por el Estado Nacional y el dinero recaudado se dispondrá para la infraestructura y recursos de las Escuelas Públicas nacionales con mayores necesidades.

• Independientemente de que haya uno o más tripulantes en una moto, si la misma careciera de chapa patente o fuese esta ilegible, será secuestrada y se aplicará el mismo procedimiento señalado en 2.

• Antes de poner esta nueva normativa en funcionamiento y por un lapso de 60 días, el Estado Nacional deberá hacer una campaña de divulgación de la nueva norma a los efectos de que nadie pueda apelar al desconocimiento de la norma sancionada.

• Si una o las dos personas demoradas por transitar sin cumplir la nueva norma tuvieran un requerimiento judicial de detención, la moto será directamente secuestrada y no gozará del plazo de los 60 días excepto que tuviera una denuncia por robo anterior al control policial.

Obviamente habrá personas que expresarán su disconformidad con esta norma que propongo y aducirán que este bien (la moto) es de uso privado y nadie debe controlar el uso del mismo si quiere llevar a otra persona detrás. Es obvio también que quienes trabajan con la moto como un elemento de su traslado como las aplicaciones de delivery, deberían estar sumamente agradecidos por la nueva norma toda vez que muchas veces son asaltados para robarles sus propias motos.

En los casos de otras personas que sientan que se afecta su libertad de tránsito de dos o más personas en la moto, deben comprender que se está detrás de un bien mucho mayor tal cual es la vida de sus conciudadanos, sus propios bienes y todos los demás delitos conexos a la acción inicial de los motochorros.

90 mil millones de pesos por año pagan mucha impunidad y quizás mucho lobby parlamentario. El motochorro es un instrumento de una organización inmensa que corrompe todas las estructuras en los 3 Poderes del Estado y en las mismas Fuerzas de Seguridad. Con una ley que transite en principio estos parámetros que se detallaron de 1. a 5 la discrecionalidad preventiva se termina ya que toda moto con dos personas a bordo deberá ser secuestrada mientras luego o en el momento -si hubiese órdenes judiciales previas de detención- se verifican los papeles del bien incautado.

A algunos les parecerá mucho. Pero una pregunta se impone ¿Cuántos miles de argentinos deberán seguir muriendo, ser heridos o sufrir consecuencias psicológicas graves mientras no se toma ninguna medida y solo se limitan a mentir con estadísticas de resultados presuntamente positivas cuando en realidad no se tienen estadísticas serias.