ESMA, ¿de todos los argentinos?

¿Por qué pretender universal algo que siquiera pertenece como memoria a todos los argentinos? La flamante embajadora argentina ante la Unesco llegó a París con un pan debajo del brazo: inscribir el centro clandestino de la Escuela Mecánica de la Armada como patrimonio de la humanidad. Nuestra vergüenza. No un orgullo para exhibir. ¿Por qué no? Si Auschwitz, el mayor campo de concentración del nazismo, y la cárcel de la isla sudafricana Robben, donde estuvo preso Mandela, integran la lista de la Unesco. Una analogía entendible si no fuera porque la mal llamada ex-ESMA –nadie diría ex-Auschwitz– desde 2004 se ha convertido en una unidad básica de la memoria peronista. No de todos los argentinos, siquiera de los sobrevivientes que en su momento no fueron escuchados en sus objeciones para hacer un museo inconsulto, con claras irregularidades, que dejó de lado a todos aquellos que venían trabajando con cuidado, pluralidad e independencia para hacer de la memoria un hecho colectivo.
La novel embajadora no tiene por qué saberlo, por eso le sugiero ir a la versión taquigráfica de la reunión en el Senado del 25 de marzo de 2014, a la que acudieron estos sobrevivientes integrantes del Instituto Espacios de la Memoria, un organismo autárquico, autónomo y sobre todo, plural, que desde su creación en 2002 en la ciudad de Buenos Aires había mantenido su independencia de los gobiernos. Entonces, los senadores del oficialismo se negaron a asistir a la reunión que convoqué porque se trataba de una senadora de la oposición. De modo que el proyecto se impuso por la mayoría, sorda a las objeciones que siguen siendo las mismas, desde la irregularidad de buscar una legitimidad a las apuradas para un proyecto inconsulto, sin licitación, hasta la profanación de un lugar de muerte convertido en un sitio juvenil de celebración.
“Es como si los alemanes habilitaran los campos de concentración para bailar en Carnaval o jugar al fútbol”, escribió en su época el autor Osvaldo Bayer. El gobierno de la ciudad dócilmente cedió su dominio a la Nación, que se apuró en firmar un convenio con la Universidad de San Martín para hacer un museo que incluye una extraña “cláusula de confidencialidad”.