Impulsan una nueva ley de salud mental con eje en internaciones involuntarias
En lo que se lee como una respuesta a un extendido reclamo de familiares y de especialistas, el Gobierno Nacional anunció que enviará en los próximos días un proyecto de ley para reformar la actual ley de Salud Mental, que tiene ya 15 años y es profundamente cuestionada.
El principal cambio es que la nueva ley habilitará la internación involuntaria, avalada por un profesional. En el sistema vigente (Ley 26.657), la internación es considerada un recurso excepcional y requiere de un proceso judicial y administrativo sumamente rígido que, según los críticos, deja a los pacientes en situación de calle o riesgo sin asistencia oportuna.
La nueva ley buscará reducir las trabas burocráticas para decidir internaciones de urgencia cuando exista riesgo para el paciente o para terceros. Además, si un paciente voluntario solicita el alta pero los médicos detectan que su capacidad está afectada, la internación podrá transformarse en involuntaria bajo control judicial posterior.
Por otro lado, se propone fortalecer el sistema de atención en salud mental y frenar el cierre de hospitales psiquiátricos. Desde el oficialismo argumentan que la desaparición de los centros especializados dejó un vacío que los hospitales generales no pudieron llenar. El plan del Gobierno es integrar estos centros en una red de complejidad creciente, en lugar de eliminarlos.
El anuncio no tardó en generar repercusiones. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la iniciativa afirmando que «la ley actual no funciona» y puso a su equipo de salud a disposición. Por otro lado, sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos ya advierten sobre un posible «retroceso» en el enfoque de derechos que la ley de 2010 había consolidado.
El proyecto, que ya circula por los despachos del Ministerio de Justicia para su revisión final, ingresará a la Cámara de Diputados entre esta y la próxima semana.
Con esta reforma, el Ejecutivo apuesta a resolver un drama social que afecta a miles de familias, a la vez que redefine el rol del Estado en la gestión de las patologías psiquiátricas.
