Cautelar y apelación: La pulseada en la justicia por la Reforma Laboral
Como era de esperarse, la pelea por la Reforma Laboral pasó del ámbito legislativo al judicial. La CGT hizo una presentación colectiva contra la norma y la justicia emitió una cautelar con la que suspendió 82 artículos considerados clave.
A diferencia del planteo general de inconstitucionalidad, la central obrera optó por una estrategia focalizada en los puntos que afectan los derechos colectivos, el sistema de indemnizaciones y el derecho a huelga. Desde la cúpula sindical aseguraron que la ley “no prosperará” y confirmaron que su hoja de ruta legal contempla llevar el reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia si es necesario para garantizar que la norma sea declarada inválida de forma definitiva.
Desde el Ministerio de Capital Humano y la Procuración del Tesoro no tardaron en reaccionar. El Gobierno calificó la decisión judicial como un “avasallamiento” y un obstáculo para “las medidas necesarias que buscan reactivar el empleo”. La estrategia del Ejecutivo será apelar la cautelar “hasta las últimas instancias”, buscando que sea la propia Corte Suprema la que fije un criterio final sobre la constitucionalidad de la reforma.
El freno judicial no abarca toda la ley, pero se centra en puntos clave. El primero son las indemnizaciones, con la suspensión de los topes previstos y el cuestionamiento al modelo de fondos de cese laboral. El segundo, son los derechos colectivos y el derecho a huelga, que según la justicia se ven afectados por varios artículos.
Para justificar la suspensión de estos artículos el juez Raúl Ojeda explicó que la aplicación inmediata de la ley podría generar efectos de difícil reparación antes de que se dicte una sentencia de fondo.
Este escenario plantea un futuro incierto para la vigencia de la reforma en el corto plazo. Si la presentación llega a la Corte, podría demorar meses en resolverse la cuestión de fondo.
