UN JUEZ AVALA LA EXTORSIÓN SINDICAL CONTRA UNA PYME LÁCTEA
La empresa Lácteos Vidal, ubicada en Carlos Casares, está viviendo una pesadilla debido a una avanzada de la justicia laboral, que complica su situación al punto de ponerla en riesgo de desaparecer. Un fallo la obliga a reincorporar a 26 trabajadores despedidos tras un violento conflicto en el que bloquearon la planta, amenazaron y atacaron a quienes no se plegaron a la huelga, usurparon parte del predio y, por supuesto, se negaron a presentarse en sus puestos.
“Esta es una empresa familiar, una empresa que fundó mi papá después de llegar de España con una mano adelante y otra atrás”, resume Alejandra Bada Vázquez, directora de la planta. “Hace tiempo que el sindicato ATILRA nos viene hostigando porque no nos sometemos a sus extorsiones”, agrega.
El conflicto empezó por un pedido de recategorizaciones sobre el que el Ministerio de Trabajo ya se había expedido. “No le debíamos un peso a nadie, no teníamos deudas con ellos. El ministerio había resuelto que las categorías estaban bien”, dice Alejandra.
“El modus operandi de este sindicato es el bloqueo de las fábricas los lunes. Como somos una pyme láctea, tenemos que tratar la leche que se acumula el fin de semana porque si no la procesás, se pudre. Por eso hablamos de un bloqueo extorsivo”, explica.
Apymel, la asociación que agrupa a unas 250 pymes lácteas del país, emitió un comunicado en el que llama “a la racionalidad judicial para evitar que este sea un antecedente negativo para la industria nacional”. Es que la exigencia del juez José Ignacio Ramonet para recontratar a los 26 despedidos implicaría que la fábrica de quesos tenga que echar a los 25 trabajadores que contrató en su lugar, con las indemnizaciones que eso significa. “No podemos despedir a los 25 empleados nuevos que nos salvaron la fábrica. Y no vamos a reincorporar a nadie. Hacemos alimentos, ya no les tenemos confianza a ellos. Si siguen las presiones, vamos a cerrar, pero vamos a morir de pie, no de rodillas”, dice Vázquez.
El relato de la directora habla de un accionar que la justicia investiga como delictivo por parte de los extrabajadores. “Hay dos causas penales en trámite. Hubo bloqueo, compulsión a la huelga, amenazas y usurpación porque nos ocuparon parte de la fábrica. Pusieron una carpa y en esa carpa hacían asados, escuchaban música hasta cualquier hora, había alcohol. Apretaban a los que querían ir a trabajar, a uno de los empleados le apedrearon la casa, a otro le tajearon las gomas del auto”, enumera. “Los despedimos con justa causa, pero a los pocos días recibimos la cautelar”, se lamenta.
Además de la reincorporación, el juez Ramonet ordenó un embargo de 5.044.000 pesos a la empresa, monto que crece 10 mil pesos por día por cada uno de los empleados despedidos.
“Abogamos por la defensa de la propiedad privada, pero también por el derecho al trabajo y su justa remuneración de quienes hoy siguen produciendo y trabajando en la planta y el centro de distribución de nuestra afiliada”, sostuvo Apymel en su comunicado. “La Justicia no puede enceguecerse con el capricho de un gremio y debe ponderar los derechos de todos los involucrados en una causa que tuvo su inicio en un planteo confuso y en un tránsito que se complejizó cada vez más”, cerró el texto.
“Acá no está resuelta la cuestión de fondo, falta la cámara y en última instancia, la Corte”, avisa la directora dispuesta a dar pelea hasta el final.
